Más de cuatro horas les llevó a los diputados aprobar el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado.
El Pleno lo aprobó en lo general con 387 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones, y posteriormente, en lo particular con 361 votos en pro, 45 en contra y dos abstenciones, tras desechar 15 reservas presentadas por diputados del PRI.
La legislación “tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.
El documento fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
El dictamen, además de expedir Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El nuevo ordenamiento legal estipula que para aplicar la política de austeridad republicana, los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos; enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no prioritario, y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.
Establece la prohibición de contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
Agrega que, por ningún motivo, se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
También se indica que los servidores públicos, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.
Durante la fundamentación, Patricia Terrazas Baca de morena apuntó que la referida ley aplica a la administración pública federal y habilita para que los Poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos modifiquen sus ordenamientos en relación a los principios establecidos en la Ley de Austeridad Republicana.
En representanción de sus compañeros priistas, el legislador Fernando Galindo, dijo que dicha ley de austeridad no tiene nada de novedad, y es una simulación.
“¿Qué tiene de bueno esta ley? Lo único que tiene de bueno esta ley es su nombre, porque se llama Ley de Austeridad. ¿Qué tiene de nuevo? Absolutamente nada. Esta ley es una recopilación de lo que está establecido en la Ley Federal de Presupuesto, en la Ley de Adquisiciones, en la Ley de Obras Públicas. Y algo que ustedes no saben, en los decretos de austeridad de la pasada administración.