A pocos días de que termine este periodo de sesiones, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas. La primera plantea quitarle al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) los ingresos por la recaudación del derecho que pagan los visitantes extranjeros con actividades económicas turísticas, para que los maneje la entidad paraestatal que tenga a su cargo la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales.
Para ello, propone modificar la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo; además se constituiría un fideicomiso público federal para utilizar esos recursos en la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de proyectos de infraestructura.
La iniciativa establece que, como parte de los proyectos prioritarios, orientados a incrementar derramas económicas regionales y turismo, se proyectó “una entidad paraestatal que representa un motor de crecimiento, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional, incidiendo positivamente en la actividad económica y social del país”.
Esa entidad tiene como objeto social, explica, “la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole; por tal motivo, para continuar con el fortalecimiento nacional y mejorar la política económica del país, se busca que cuente con mayores recursos para la consecución de su objeto social y el ejercicio de sus atribuciones”.
Destacar que actualmente, la Ley Federal de Derechos establece el cobro de un derecho para los visitantes extranjeros con fines turísticos. De lo recaudado, 20 por ciento se destina al Instituto Nacional de Migración y 80 por ciento a Fonatur.
La propuesta presidencial es que ese 80 por ciento se destine para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la paraestatal que será conformada.
La segunda iniciativa busca la compactación de estructuras en la administración pública federal, es decir suprimir, fusionar o trasladar unidades administrativas y órganos desconcentrados a distintas áreas del gobierno.
“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo social”, planteó en la exposición de motivos.
Según la propuesta, se busca eliminar el Fideicomiso de Fomento Minero de su participación en el Servicio Geológico Mexicano y desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas funciones se trasladarían a la Secretaría de la Función Pública.
Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados perdería su calidad de órgano desconcentrado de Gobernación, para incorporarse a esa secretaría.
Mientras, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, también órgano desconcentrado de Gobernación, se trasladaría al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIF.
El servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, se incorporaría a esta dependencia.
El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, también descentralizado de Agricultura, se trasladaría a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura.
A su vez, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, también desconcentrado de Agricultura, se incorporaría a esa dependencia.
La Dirección General de Educción Indígena, Intercultural y Bilingüe, unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, actualmente no sectorizado, serían transferidos al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, descentralizado del Medio Ambiente, pasaría a la Comisión Nacional del Agua, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, descentralizado de Medio Ambiente, regresaría a esa dependencia.
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, desconcentrado de Energía, también sería reincorporada a esa secretaría.
El Instituto Mexicano de la Juventud, descentralizado de la Secretaría del Bienestar, se quiere trasladar a la Secretaría del Trabajo.
Los institutos nacionales de Economía Social y de las Personas Adultas Mayores, así como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, órganos desconcentrados de Bienestar, serían reintegrados a esa dependencia.
Finalmente, la Dirección General de Publicaciones, que está adscrito a la Secretaría de Cultura, se enviaría al Fondo de Cultura Económica y el Centro Nacional para la Saluda de la Infancia y la Adolescencia, órgano desconcentrado de Salud, regresaría a la secretaría.