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A fin garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, como privación ilegal de la libertad y tortura, presuntamente cometidos por Nestora Salgado García, ex líder de Policía Comunitaria de Olinalá, diputados y senadores que integran la Primera Comisión aprobaron un dictamen para exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del estado de Guerrero que otorgue dichas garantías.

En el documento, se señala que la Policía Comunitaria de Olinalá, tiene entre ocho y diez investigaciones por la detención ilegal de entre 48 y 58 personas, ocurridas cuando Nestora Salgado ejerció la coordinación de esta organización en octubre de 2012.

Además en la reunión de trabajo también se aprobaron 10 dictámenes, entre los que destaca el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y de las 32 entidades federativas a implementar, de manera coordinada, acciones encaminadas a combatir y sancionar la corrupción de los servidores públicos del sistema penitenciario.

De igual forma, piden fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios de todo el país, a efecto de prevenir y erradicar hechos de violencia que ocurren en su interior.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los centros penitenciarios de nuestro país se presentan distintos hechos de violencia, entre los que se encuentran riñas, homicidio, motín y suicidios.

También senadores y diputados solicitarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que dé información relacionada con las estrategias, acciones y protocolos para prevenir, identificar y sancionar la trata de personas en centros de trabajo agrícolas.

Aunado a que le piden intensificar las acciones encaminadas a prevenir los casos de explotación y trata de personas en los centros de trabajo agrícolas.

Finalmente, los congresistas condenaron los homicidios perpetrados en contra de cicloturistas extranjeros ocurridos en Chiapas, el pasado mes de abril, y solicitaron al gobierno de esa entidad informe del estado que guardan las investigaciones, a fin de esclarecer dichos acontecimientos.