La situación de emergencia por la pandemia del coronavirus ha sido utilizada por algunos hospitales privados para cobrar precios exorbitantes por sus servicios, por lo que urge que, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensifique las verificaciones a los establecimientos de salud privados que atienden a pacientes con Covid-19 y, en caso de detectar abusos, sancione de manera ejemplar a los que incurran en irregularidades, demandó el Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados.
Esta petición para que intervenga la Profeco fue presentada, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por la diputada federal, Frinné Azuara Yarzábal y a la que se sumó el GPPRI, con el objetivo de evitar que pacientes y sus familiares sean víctimas de la voracidad de los establecimientos de salud privados.
De acuerdo a los datos del tabulador de costos de los servicios médicos del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) vigente para el 2019, la atención de la neumonía en adultos se calcula en 23 mil 842 pesos considerando la admisión, consultas y hospitalización durante 8 días, excepto medicamentos; asimismo el costo por día en terapia intensiva se calcula en 26 mil 778 pesos. Si un paciente permanece 8 días en terapia intensiva, el costo se incrementa a por lo menos 238 mil 063 pesos.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reconoció que el costo por tratamiento en hospitales privados aumentó 51% en 7 semanas, pasó de los 300 mil pesos en promedio a 452 mil 918 al ocho de junio, y la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas estimó que los casos más graves que requieren hospitalización por el Covid-19 podrían gastar entre 700 mil y 2 millones de pesos.
Azuara Yarzábal dijo, sabemos que los servicios médicos privados son caros y que la batalla que se libra es contra una enfermedad nueva, pero los precios son descomunales y so pretexto de la pandemia se cobran precios exorbitantes por atender a un paciente de coronavirus.
“Esta situación denota una falta de solidaridad y apoyo con las familias que aparte de estar enfrentando el infortunio de tener algún enfermo grave por la Covid-19, ahora tienen que enfrentar el reto de pagar cuantiosas cantidades de dinero a las instituciones que han lucrado con el dolor y la necesidad de muchas familias, sobre todo de clase media, a las que no les quedó más remedio que acudir a la iniciativa privada para salvar a sus seres queridos”, externó.
La legisladora por el estado de San Luis Potosí señaló la necesidad de que la Procuraduría verifique los precios máximos establecidos en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.
La investigación se acredita también, luego de que el Gobierno federal suscribió el convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud y la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, a fin de garantizar la atención a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad y poner a disposición de la federación, la mitad de las camas de los 146 hospitales privados, indicó la legisladora, quien también es secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.