A unas horas de que entró en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual arrancó sin el nombramiento de un fiscal general, ni de los 18 magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los congresistas que integran la Comisión Polítca Permanente (CPP) del Congreso de la Unión confirmaron su voluntad política para consolidarlo, y establecer una agenda para resolver los temas pendientes en la materia.
Durante la sesión de este miércoles, señalaron su intención de realizar un periodo extraordinario para abordar estos asuntos.
Al hablar en tribuna, el senador priista, Enrique Burgos García, recalcó que la creación del SNA, aprobado a partir de la reforma constitucional de 2015 y la reforma al Artículo 113 de la Constitución, representa uno de los principales esfuerzos de las instituciones del Estado mexicano para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas.
Destacó que elevar a rango constitucional la fiscalía especializada y combate a la corrupción y por vía jurisdiccional la creación de la figura de magistrados anticorrupción, son el principio de una concepción de servicio público en México y la imagen del compromiso que los legisladores refrendan para tocar una de las más graves problemáticas del país.
Burgos García, subrayó que no es asunto de cuotas, por lo que se pronunció a favor de continuar la discusión para el nombramiento del fiscal anticorrupción y la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
A su vez, el coordinador parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, Alejandro González Murillo, dijo que la democracia moderna a la que aspiramos y construimos todos los días, exige el combate a la corrupción, una máxima transparencia y justicia como vivencia.
Destacó que, al entrar hoy en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el poder legislativo tiene un gran pendiente en el combate a la corrupción con la sociedad, por lo que el anhelo de justicia debe permear el ánimo de la sociedad.
En representación de Morena, la diputada Rocío Nahle García, apuntó que en los gobiernos y clase política en general no se puede tolerar más que prevalezca la impunidad a favor de los funcionarios que han incurrido en actos de corrupción, pues esta ha lacerado a las instituciones y, sobre todo, a la economía nacional.
“Se deben implementar acciones eficaces en contra de los corruptos y no estrategias mediáticas ineficaces”, enfatizó, al solicitar al Ejecutivo Federal que realice una “limpieza” dentro de su propio gobierno, a fin de lograr una transición en paz y ordenada al cambio de sexenio.
En su oportunidad, el petista, Miguel Barbosa Huerta, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción se pone en marcha de manera “incompleta”, ya que no cuenta con todos los elementos establecidos en las leyes que se aprobaron en el Congreso.
Pidió que se rechacen y reponer las ternas que envió el Ejecutivo respecto a los magistrados, “que integre nuevas propuestas con la participación de la sociedad civil”.
En tanto, que el vicecoordinador perredista en San Lázaro, Jesús Zambrano Grijalva, manifestó la plena disposición de su bancada para llevar a cabo un periodo extraordinario que permita desahogar los asuntos que permitan tener un Sistema Nacional Anticorrupción completo.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que la discusión está mal enfocada, pues se tiene que fortalecer el SNA, los temas locales y corregir los pendientes. No podemos tener una fiscalía subordinada, sin margen de maniobra, presupuesto y sin personal de confianza, argumentó.
En su posicionamiento, llamó a la voluntad política de los coordinadores parlamentarios del Senado porque “hoy tenemos un buen cuerpo, pero está desalmado”, y el reto es la exigencia ciudadana de resultados. Por ello, se debe eliminar el pase automático del fiscal y su duración en el cargo; hacer una propuesta de sistema de procuración de justicia, y crear leyes de nueva generación.
Frente a la petición de Barbosa Huerta, la senadora priista, Diva Gastélum Bajo, advirtió que no se pueden echar a la basura más de 30 meses de trabajo en los que destacó la participación de la sociedad civil y de la iniciativa privada.
Subrayó en su posicionamiento que el presidente Enrique Peña empezó por su casa, “queremos ver las otras casas, queremos ver limpias las otras casas que también están salpicadas”.