El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, informó sobre el hecho en sus cuentas en redes sociales y también compartió la liga para consultar la iniciativa del presidente de la República, con reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en materia energética en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.
El documento detalla que la reforma constitucional en materia eléctrica de 2013 es insostenible porque la demanda nacional y el ritmo de crecimiento no ha sido atendido históricamente por los grupos privados, además que el predominio absoluto de los generadores particulares deja en sus manos la determinación de las tarifas eléctricas de acuerdo a sus intereses.
El proyecto plantea “un nuevo sistema eléctrico mexicano” donde el Estado “recupere” su conducción, convirtiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un organismo del propio Estado.
La CFE generará al menos el 54 por ciento de la energía que se requiera en el país y el sector privado podrá participar en no más del 46 por ciento de la generación.
Además, tendrá en exclusiva el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica
También contempla desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El sector eléctrico será legalmente considerado estratégico para el Estado, por lo que se preservará la seguridad y autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de electricidad a toda la población, así como la seguridad nacional.
Al mismo tiempo, plantea que los procesos de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de esa energía serán reservados en exclusiva para “la Nación”.
Conjuntamente establece el dominio “inalienable e imprescriptible” del Estado sobre el litio y “demás minerales estratégicos” para la nación, los cuáles no podrán ser concesionados.
Apunta que legalmente, no se considerarán un “monopolio”, las funciones que el Estado lleve a cabo en exclusiva respecto a las áreas estratégicas como la eléctrica.
Destaca, que las industrias que quieran participar en la transición energética, tendrán por condición operar como “empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales”.